Gobierno Balear y Ayuntamiento de Eivissa realizan una campaña de inspecciones a las Viviendas de Protección Oficial del municipio. Se han iniciado 14 expedientes por diferentes irregularidades.
El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, y el consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, Marc Pons, han presentado los resultados de la campaña de inspecciones que se está llevando a cabo en las Viviendas de Protección Oficial del municipio.
Según cifras facilitadas por la Conselleria de Territorio, la campaña de inspecciones se ha centrado en tres zonas, en el municipio de Eivissa se han inspeccionado viviendas en la zona de Playa d'en Bossa y en Can Misses y, en el municipio de Santa Eulària des Riu, en la zona de Puig den Valls.
En estas tres zonas, donde se concentran un total de 150 viviendas de Protección Oficial, se han realizado 40 inspecciones. De éstas, se han iniciado 14 expedientes de los que 6 de ellos, han derivado en expedientes sancionadores, y en los otros 8 expedientes, se ha requerido más información a sus propietarios. Los motivos por los que se han abierto expedientes a todos ellos son para alquileres irregulares de las VPO, alquiler turístico de vivienda vacacional y también se han detectado viviendas de VPO que se encontraban vacías.
Para el alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, "esta campaña de inspecciones es una muestra más de la colaboración entre las dos instituciones y un trabajo consensuado y de comunicación entre los equipos de trabajo".
Por su parte, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha afirmado que "se trata de una campaña de inspecciones nueva, que se ha centrado en la temporada alta de los meses de julio y agosto y ha sido centrada en las Viviendas de Protección Oficial. Se trata de viviendas en que sus propietarios obtuvieron ayudas públicas y por este motivo, están sometidos al cumplimiento de una serie de exigencias que, en caso de que no se cumplan, supone que se está haciendo un mal uso de estas viviendas. Estos incumplimientos son sancionables y el Gobierno tiene la obligación de ejecutar este control".
El conseller ha avanzado que con la Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de junio, se prevé impulsar acciones en materia inspectora con un cuerpo de 24 personas dedicadas exclusivamente a la tarea de servicios de inspección. "La previsión es que a finales de año haya incorporados 13 inspectores en Baleares y que se vaya ampliando este servicio hasta un total de 24 inspectores", dijo Pons.
En cuanto al Ayuntamiento de Eivissa, se ha facilitado a la consejería toda la información relativa a las VPO del municipio y se ha coordinado, de manera conjunta, un dispositivo en el que participan celadores de urbanismo.
Según el régimen sancionador que marca la Ley de Vivienda, las infracciones por mal uso de las Viviendas de Protección Oficial, pueden derivar en sanciones graves, que van de los 3.000 mil a 30.000 mil euros; sanciones muy graves, que van de los 30.000 a 90.000 mil euros y en caso de que se producen reiteraciones, se puede llegar a la pérdida de vivienda.